Con el objetivo de fortalecer la calidad de los servicios que brindan los centros de tratamiento y rehabilitación de adicciones, la diputada Nadia Milán Ramírez propuso reformar la Ley de Salud del Estado, para que estos espacios mejoren la atención, seguridad y la profesionalización de sus servicios.
“Las personas que ingresan a un centro de rehabilitación se encuentran, en muchos casos, en condiciones de vulnerabilidad física y emocional, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar que reciban atención digna, segura y profesional. La protección de los derechos humanos debe constituir un eje rector en todas las políticas públicas relacionadas con la atención de adicciones”, subrayó.
Las integrantes de la coalición parlamentaria de la Cuarta Transformación, explicó que la iniciativa busca consolidar mecanismos de colaboración institucional, capacitación del personal, mejora de infraestructura e implementación de protocolos de protección para garantizar la seguridad tanto de las personas usuarias como del personal que labora en dichos centros.
“Las adicciones representan uno de los desafíos más complejos para las instituciones de salud pública, debido a las múltiples consecuencias que generan en los ámbitos personal, familiar, social y económico”, señaló la también presidenta de la Comisión de Salud Pública.
La diputada destacó que en Durango la población adolescente de 12 a 17 años presenta una incidencia de consumo de drogas del 2.8 por ciento, cifra prácticamente igual al promedio nacional de 2.9 por ciento. Asimismo, el grupo de jóvenes y adultos de 18 a 34 años registra una incidencia del 10.3 por ciento en consumo de cualquier droga, superando el promedio nacional de 7.5 por ciento.
Ante este panorama, consideró fundamental fortalecer los centros de tratamiento y rehabilitación, ya que representan para muchas familias una oportunidad de acceder a acompañamiento profesional, orientación psicológica y atención integral para superar situaciones relacionadas con el consumo problemático de sustancias.
No obstante, advirtió que en distintos casos se han documentado situaciones preocupantes relacionadas con el funcionamiento de algunos centros de rehabilitación, como incendios, riñas, actos de violencia, operativos de revisión, accidentes e incluso fallecimientos, lo que evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de regulación, supervisión y profesionalización de dichos establecimientos. “Estas circunstancias demuestran que todavía existen centros que operan sin condiciones adecuadas de infraestructura, sin protocolos suficientes de actuación o sin personal capacitado para atender situaciones de riesgo, emergencias o crisis, lo que representa una amenaza tanto para las personas usuarias como para quienes laboran en esos espacios”, puntualizó